Salir de la CPI y desmontar 20 años de justicia internacional
Karol Barón
Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Columnista e investigadora interesada en el análisis de los asuntos públicos, la formulación de políticas públicas y las dinámicas que moldean la relación entre Estado, ciudadanía y desarrollo.
En apenas dos semanas de gobierno, la administración de Abelardo de la Espriella ha dado un giro que promete redefinir el lugar de Colombia en el mundo. Primero fue el reconocimiento de la “soberanía” de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967 y cuya anexión el propio Consejo de Seguridad de la ONU declaró nula desde 1981. Ahora, el canciller Omar Bula anunció la intención de retirar al país de la Corte Penal Internacional (CPI). Dos decisiones, un mismo patrón: alinearse sin matices con Washington y Tel Aviv, incluso al precio de romper con principios que Colombia había sostenido durante décadas.
La salida de la CPI no es mera coincidencia, Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, ya tomó ese camino. Y detrás de ambas decisiones se percibe la sombra de una campaña más amplia; pues a su vez organizaciones de derechos humanos de todo el mundo (entre ellas Dejusticia, en Colombia) han denunciado que el Departamento de Estado de Estados Unidos busca “desmantelar” a la Corte “ladrillo por ladrillo”, mediante sanciones a sus funcionarios, revocatorias de visas y presión diplomática coordinada para que otros Estados abandonen el Estatuto de Roma. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, ha hecho de esta cruzada una prioridad pública. Que Colombia se sume a ese bloque no es un giro técnico de política exterior: es tomar partido en una disputa global sobre si la justicia internacional puede aplicarse por igual a todos, o solo a quienes carecen de poder para evadirla.
Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿qué tan fácil es salir? Jurídicamente, el mecanismo existe: el artículo 127 del Estatuto de Roma permite que un Estado se retire mediante notificación escrita al secretario general de la ONU, con efectos un año después, pero reducir la discusión a ese trámite es ilusorio. Colombia no ingresó a la CPI por decreto presidencial, sino mediante un proceso que involucró a los tres poderes públicos: el Acto Legislativo 02 de 2001 reformó la Constitución para habilitar el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte, el Congreso aprobó el Estatuto mediante la Ley 742 de 2002, y la Corte Constitucional avaló su constitucionalidad en la sentencia C578 de 2002. Esa convergencia institucional, más allá de ser un detalle histórico, es la razón por la que muchos analistas insisten en que la vinculación de Colombia con la CPI es una decisión de Estado, no del gobierno de turno, y que revertirla exigiría un proceso de deliberación equivalente, y no un simple anuncio del Ejecutivo.
Existe además otro obstáculo constitucional de fondo. El artículo 93 de la Constitución incorpora los tratados de derechos humanos al llamado bloque de constitucionalidad, con el mismo rango que la Carta y sin posibilidad de suspensión ni siquiera en estados de excepción. De hecho, la Corte Constitucional señaló en ese artículo el tratamiento especial que exige el Estatuto de Roma. Retirarse no es entonces un simple giro diplomático, sino que tensiona directamente ese blindaje constitucional y el deber del Estado de no dejar en la impunidad las violaciones más graves a los derechos humanos.
Lo que está en juego
Recurrir a la soberanía nacional para justificar la salida (como ha insinuado el nuevo gobierno) ignora que el mismo artículo 9 de la Constitución funda las relaciones exteriores del país en el respeto a los principios del derecho internacional que Colombia ha aceptado. No se puede apelar a la soberanía solo cuando conviene y desconocerla cuando exige rendición de cuentas o cuando implica reconocer crímenes de lesa humanidad.
Las implicaciones prácticas tampoco son menores. La CPI es un tribunal complementario que solo actúa cuando la justicia nacional no puede o no quiere investigar los crímenes más graves y que fue un elemento fundamental en el proceso de paz, otorgándole incluso la legitimidad para continuar el proceso de investigación y juzgamiento a la JEP. En un país con el historial de violencia que tiene Colombia, esa vigilancia externa ha operado como un incentivo real para que la justicia interna funcione, y como última garantía para víctimas que de otro modo quedarían sin ningún recurso. Colombia, además, tiene hoy una candidata propuesta para ser jueza de la Corte, lo que hace aún más contradictorio el anuncio. Retirarse enviaría una señal inequívoca (tanto a las víctimas como a la comunidad internacional) de que el país prioriza la protección de quienes temen ser investigados por sobre el compromiso con la justicia que tanto costó construir.
En la sociedad internacional, el mensaje llega a costar la legitimidad construida durante años. Colombia ha construido una figura de respeto al multilateralismo y al derecho internacional, un activo diplomático que no se reconstruye fácilmente una vez erosionado. Sumarse a la ofensiva contra la CPI (junto a Estados Unidos, Israel y Argentina) no es solo un reposicionamiento geopolítico: es aceptar la premisa de que la justicia internacional es negociable según quién tenga suficiente poder para resistirla. La pregunta de fondo no es entonces si Colombia puede salir de la CPI (técnicamente puede), sino si debe hacerlo sin el respaldo institucional que exige una decisión de esta magnitud, y si está dispuesta a pagar el costo reputacional y ético de renunciar a una de las pocas garantías reales contra la impunidad que le quedan a las víctimas del conflicto.
Bogotá D.C., 26 de agosto de 2026