La prevención comienza con el conocimiento: un compromiso de todos frente al lavado de activos

Cristian Hernández Vargas

Ingeniero Industrial, Magíster en Gestión de Organizaciones y Especialista en Dirección y Gestión de Proyectos, experto en consultoría estratégica, inteligencia artificial y gestión de riesgos LA/FT.

El lavado de activos no es un delito que afecte únicamente a las entidades financieras, a las autoridades o a las grandes empresas. Sus consecuencias impactan a toda la sociedad, pues permiten que recursos provenientes de actividades ilícitas ingresen a la economía formal, fortaleciendo estructuras criminales y generando riesgos para la seguridad, la confianza institucional y el desarrollo del país. Por esta razón, resulta fundamental que las entidades públicas, los organismos de supervisión y las superintendencias desarrollen de manera permanente campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía. 

La experiencia demuestra que muchas personas terminan vinculadas a esquemas de lavado de activos no por voluntad criminal, sino por desconocimiento. Ofertas de empleo aparentemente legítimas, solicitudes para prestar cuentas bancarias, recibir transferencias de terceros o retirar dinero a cambio de comisiones son algunas de las estrategias utilizadas por organizaciones delincuenciales para involucrar a ciudadanos comunes en operaciones ilícitas. Cuando la población desconoce estas modalidades, aumenta la probabilidad de convertirse, sin saberlo, en un instrumento para ocultar el origen de recursos ilegales. 

En este contexto, las campañas de educación y prevención cumplen un papel esencial. Informar a los ciudadanos sobre las señales de alerta, las modalidades más frecuentes de captación y los riesgos legales, financieros y reputacionales asociados al lavado de activos permite fortalecer una cultura de autoprotección. Así como las autoridades promueven campañas sobre seguridad vial, salud pública o prevención del fraude, también resulta indispensable que el conocimiento sobre el lavado de activos llegue de manera clara, sencilla y accesible a estudiantes, trabajadores, emprendedores, adultos mayores y a la población en general. 

La lucha contra el lavado de activos no puede depender exclusivamente de los organismos de control y de las entidades obligadas a implementar sistemas de prevención. Requiere una ciudadanía informada, consciente y comprometida con la legalidad. Cada persona que aprende a identificar una oferta sospechosa, que protege sus datos personales y financieros, o que rechaza participar en operaciones de origen incierto, contribuye a cerrar espacios a la criminalidad organizada. Por ello, invertir en educación y sensibilización no solo protege a los ciudadanos de posibles consecuencias legales y económicas, sino que fortalece la transparencia, la confianza institucional y la construcción de una sociedad más íntegra y segura para todos. 

Reflexión final: La mejor herramienta para combatir el lavado de activos no siempre es la tecnología o la sanción; muchas veces es la información. Una ciudadanía informada es una ciudadanía menos vulnerable a ser utilizada por estructuras criminales. Cuando las instituciones educan, previenen; cuando los ciudadanos conocen, se protegen; y cuando ambos trabajan de manera conjunta, se fortalece la cultura de la legalidad que requiere Colombia para enfrentar uno de los delitos más complejos de nuestro tiempo.

Bogotá D.C., 8 de septiembre de 2026​