Quien a hierro mata, a hierro muere

Diego Canesto Arenas

Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Esp. en Formulación de Proyectos y Mg. en Derechos Humanos. Catedrático Universidad Militar Nueva Granada.

Imagínese la escena, porque seguramente ya la ha vivido o la ha visto de cerca. Un semáforo en rojo, dos carros que casi se rozan, una ventana que baja y una frase que sobra. Un pito impaciente, un insulto que no se guarda, un dedo que se levanta. Nada distinto a lo que ocurre todos los días en cualquier esquina de Bogotá, de Cali o de Medellín. Lo único que faltaba, hasta hace poco, para que esa discusión pasajera se convirtiera en tragedia, era un arma al alcance de la mano. Esta semana, para cientos de miles de colombianos, esa distancia se acortó.

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el 8 de septiembre el Decreto 1368 de 2026, con el que levantó la suspensión general que pesaba, desde 2015 y a través de tres gobiernos distintos, sobre los permisos para portar armas de fuego. Quienes ya tenían un permiso vigente ya no tendrán que tramitar la autorización especial que la suspensión les exigía; podrán, simplemente, salir a la calle con el arma que el Estado les autorizó. El decreto insiste en que esto no habilita el porte libre, que se mantienen los controles y los requisitos de siempre. Puede ser. Pero entre la letra de un decreto y lo que ocurre de verdad en la calle, la distancia suele ser mayor de lo que quisiéramos admitir.

El mandatario sustentó la decisión en una cifra contundente, que entre el primero de enero y el tres de septiembre de este año, la Fuerza Pública incautó cerca de 15.700 armas de fuego, de las cuales más de 14.000 estaban vinculadas a delitos, muchas de ellas en manos de disidencias de las antiguas Farc, del Clan del Golfo y del Eln. Su conclusión, resumida, es sencilla, pues infiere que el problema no son los ciudadanos de bien que cumplen la ley, sino los criminales que se arman por fuera de ella. Es una lógica que suena razonable en un discurso de siete minutos. Empero, cuando uno mira con calma las cifras de violencia armada en Colombia, esa lógica empieza a hacer agua.

Y aquí conviene detenerse, porque hay una pregunta de fondo que el entusiasmo por la mano dura suele evadir: ¿tener más armas en circulación —aunque sean legales, aunque tengan permiso, aunque el titular sea el ciudadano más honesto del barrio— nos hace de verdad más seguros?

El sociólogo Zygmunt Bauman llamó a esto el miedo líquido; esto es, una inquietud que ya no necesita una amenaza concreta para sostenerse, que fluye, se adapta y se cuela en cada rincón de la vida cotidiana. Vivimos rodeados de alarmas, cámaras, conjuntos cerrados, chalecos y ahora, otra vez, armas de fuego, y sin embargo, cuanto más nos blindamos, más crece la sensación de que el vecino, el desconocido en el semáforo o el que discute por un parqueadero es una amenaza en potencia. Bauman lo advertía con razón, avizorando que la obsesión por la seguridad termina por sustituir la construcción de confianza social, y esa confianza, una vez se pierde, no la devuelve ningún decreto.

A esa misma inquietud le puso nombre, desde otra orilla académica, Barry Buzan. Su teoría de la securitización explica cómo un asunto que pertenecía al debate político y social —la convivencia, la migración, la protesta— se convierte, casi de un día para otro, en un asunto de seguridad, y en cuanto eso ocurre, el debate se cierra, es decir, ya no se discute, se combate. El discurso de las cifras de incautación cumple exactamente esa función, pues convierte una decisión que merecería un debate sereno, con evidencia y ojalá con la opinión de expertos en seguridad ciudadana, en una emergencia que justifica saltarse la deliberación. Cuando algo se securitiza, decía Buzan, deja de tramitarse como política para tramitarse como guerra. Y en una guerra, hasta las decisiones más discutibles pasan sin preguntas.

Vale la pena mirar la fotografía completa que elaboré a partir de la información oficial de Medicina Legal en su informe Forensis, “Datos para la Vida”.

La línea morada, la del total de homicidios, cae con fuerza entre 2012 y 2016 —de cerca de 15.600 casos a poco más de 11.400—, se aplana entre 2017 y 2020, y desde entonces vuelve a trepar sin pausa hasta los 14.780 homicidios de 2025, el nivel más alto en más de una década, apenas por debajo del pico con el que arranca la serie. Y ahí, pegada a ella, casi calcada, va la línea verde, la del arma de fuego. En 2012, el arma de fuego explicaba cerca del 78% de los homicidios. En 2025, con 11.634 de los 14.780 casos, explica el 79%. Trece años después, con la mitad del país transformado y la otra mitad igual, esa proporción prácticamente no se ha movido un solo punto.

Y eso es, quizás, lo más urgente que dice esta gráfica, que no importa si el año fue de vacas flacas o de vacas gordas en materia de seguridad, el arma de fuego nunca deja de ser el protagonista de la muerte violenta en Colombia. No es un actor de reparto que aparece cuando las cosas se ponen feas. Es el actor principal, el protagonista, siempre, en las buenas y en las malas rachas del país. Leída con cuidado, esa gráfica no dice que sobren armas legales o que falten. Dice, con toda claridad, que aquí el arma de fuego —venga de donde venga el permiso— es la manera más común de resolver un conflicto con la muerte, justo cuando el país vuelve a subir la cuesta y justo cuando el Gobierno decide poner más armas legales en circulación.

Por supuesto, estas cifras no permiten afirmar, sin más, que el decreto disparará de inmediato los homicidios. Sería injusto simplificar así el asunto, y el tiempo, como siempre, será el que dé la respuesta más precisa. Pero sí muestran algo, algo que no admite espera. En un país donde el arma de fuego ya es protagonista de la muerte violenta, sumar armas legales a la ecuación no es un gesto inocuo. Es jugar con fuego en una casa que ya se está incendiando.

¿Qué va a pasar cuando una discusión de tránsito, como la del semáforo con la que empezó esta columna, involucre a alguien armado? ¿Qué va a pasar cuando el conflicto por el ruido del vecino, por el perro que ladra toda la noche o por un parqueadero mal habitado, deje de resolverse a gritos y empiece a resolverse a bala, a plomo? ¿Estamos seguros —tan seguros como para apostar vidas— de que meter más armas en esos escenarios cotidianos nos hará más seguros, y no simplemente más letales?

La sabiduría popular, esa que se cocina despacio en generaciones de experiencia, ya había advertido sobre esto mucho antes de que existieran los estudios de securitización. El que a hierro mata, a hierro muere, dicen los mayores. No muy distinta es la advertencia bíblica, presente en el evangelio San Mateo, al evocar el momento de la captura de Jesús, cuando dice: vuelve tu espada a su lugar, porque quien vive por la espada, termina pereciendo por ella. Y también, con la misma contundencia y precisión, la candela no se apaga con candela. Se necesita agua; se necesita algo distinto al fuego para apagar el fuego. La seguridad, si algo nos ha enseñado la historia reciente de Colombia, es que no se construye únicamente desde la capacidad de disparar primero. Depende de la confianza entre vecinos, de los lazos comunitarios, de instituciones que funcionen y que la gente crea, y de la capacidad —cada vez más escasa, hay que decirlo— de resolver un conflicto sin que alguien tenga que morir por él.

Creer que Colombia será más segura porque más ciudadanos portan armas es, cuando menos, una apuesta temeraria. Y como toda apuesta temeraria, tiene la peligrosa costumbre de parecer razonable justo antes de salir mal. Ya lo dice el refrán, y con razón, el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad.

Porque al final, cuando las armas legales vuelven a entrar en escena, la seguridad corre el riesgo de convertirse en una ilusión pasajera, y la tragedia, en una posibilidad mucho más cercana de lo que cualquier decreto está dispuesto a admitir.

Bogotá D.C., septiembre 9 de 2026