Porque te quiero, te aporreo
Diego Canesto Arenas
Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Esp. en Formulación de Proyectos y Mg. en Derechos Humanos. Catedrático Universidad Militar Nueva Granada.
Se llamaba María de las Mercedes, y la mataron en su propia casa, ese lugar que debería ser el más seguro del mundo. Se llamaba María Fernanda, en Medellín, y la mató su pareja, un exmilitar que llevó la guerra hasta la cama. Se llamaba Yasleidis, en Valledupar, y la mató quien decía amarla. Se llamaba María Camila, en Cali, a quien le arrancaron —porque no hay otra palabra— a su bebé de ocho meses. Se llamaba Rosa Mayerly, en Soacha, y la mató un acosador que nadie quiso ver venir a tiempo. Cinco nombres, cinco historias, un mismo denominador: todas ellas son víctimas de feminicidio en Colombia, apenas en las últimas semanas de este 2026 que aún no termina de mostrarnos su crueldad.
“Conmoción en Soacha por feminicidio al interior de reconocido almacén comercial: así ocurrió todo”, tituló la revista Semana sobre el caso de Rosa Mayerly. Conmoción, dice el titular. Pero yo pregunto, con el estómago apretado: ¿de verdad nos conmocionamos ya por la violencia contra la mujer? Porque, lamentablemente, como es la costumbre, empieza a parecer paisaje. Ojos que no ven, corazón que no siente, dice el refrán, y aquí lo hemos convertido en doctrina nacional: vemos, pero no sentimos; sabemos, pero no actuamos.
En las últimas semanas se han venido acumulando, uno tras otro, los casos de violencia contra la mujer. Un fenómeno que la opinión pública trata como coyuntural, como noticia de ocasión, cuando en realidad es estructural, pues está incrustado en los cimientos mismos de una sociedad patriarcal como la nuestra. No es nuevo. En 2012, en el Parque Nacional de Bogotá, fue vilmente asesinada Rosa Elvira Cely, y aquel crimen —tan brutal que no cabía en el silencio— hizo visibles no solo las fallas de un aparato judicial incapaz de proteger, sino también los elementos culturales que reproducen, generación tras generación, la objetivación y la instrumentalización de las mujeres. Emergió entonces, con toda su crudeza, lo que muchas mujeres viven en silencio y que solo sale a la luz cuando el escándalo mediático obliga a mirar: la violencia basada en género.
Producto de aquel hecho desgarrador, el Congreso legisló en 2015 y expidió la Ley 1761, que tipificó el feminicidio como delito autónomo en el código penal colombiano. Algo se avanzó, sí, pero cabe preguntarse a qué costo, y sobre todo, con qué resultado. La ley respondió a una coyuntura, aunque su origen fuera profundamente estructural, y pretendía que la violencia contra las mujeres disminuyera y que la justicia tuviera herramientas más categóricas para castigar a los agresores. Las penas aumentaron. Ahora bien, veamos si las cifras, esas que no mienten ni se conmueven, acompañaron esa buena intención.
Hagamos cuentas desde 2021, dejando por fuera el año atípico de la pandemia, que alteró las mediciones de todo, no solo de la violencia. Entre 2021 y 2025 se registraron 5.241 homicidios contra mujeres, según el Instituto Nacional de Medicina Legal. Vale aclarar que esta cifra no equivale automáticamente a feminicidios, pues la tipificación depende de las circunstancias particulares de cada muerte violenta. Año por año: 993 en 2021, 1.080 en 2022, 1.012 en 2023, 1.034 en 2024 y 1.122 en 2025. La tendencia, no obstante, ha sido paradójicamente estable.
No ha habido una reducción real en las muertes violentas de mujeres. Y solo en 2025, el 10% de esos homicidios —116 casos— fueron cometidos por la pareja o la expareja, es decir, por quien se suponía debía amar y proteger. Ahora, estas cifras, además, tienen que cruzarse con la información procesal de la Fiscalía General de la Nación para tener un panorama más certero, porque son muchos más los casos de violencia y de feminicidios potenciales que los que llegamos a conocer por los medios de comunicación.
Si hablamos de violencia de pareja -no fatal-, la cifra es todavía mayor, aunque con un subregistro enorme, porque la denuncia depende de que la víctima la formule, y muchas veces las víctimas no denuncian, sea por imposibilidad de desplazarse o por temor -además justificado- a las represalias que puedan atentar contra su integridad o su vida. Entre 2021 y 2025 se registraron, en promedio, 34.000 casos valorados al año. Eso significa que, solo entre los casos que las autoridades llegan a conocer, se presentan a diario poco más de 100 casos de violencia física de pareja en Colombia. Cifras, insisto, alarmantes.
Este breve repaso, apenas superficial, deja ver un patrón claro y obstinado: la violencia contra la mujer, en particular la basada en género, está lejos de desaparecer. Es, más bien, una constante nacional, a pesar de las reformas legislativas que, muchas veces, responden más a la coyuntura que a la estructura, y que no pocos analistas han bautizado como populismo punitivo: la apariencia de dureza contra la inseguridad, sin que se toque jamás la raíz del problema.
Y ahí está, precisamente, la raíz. Porque en el fondo —y esto lo sostengo con matices que ameritarían un análisis mucho más profundo— la alternativa para proteger de verdad la integridad de las mujeres no está en más leyes ni en más cárceles. Ni siquiera la cadena perpetua o la pena capital, si algún día se instauraran, cambiarían gran cosa. La respuesta, que es urgente e inaplazable, hay que buscarla en lo comportamental y en lo cultural.
Charles Taylor decía que la identidad se construye de manera individual, pero siempre a partir de los demás: uno es, en buena parte, reflejo de aquellos con quienes creció. Y esos cuentos machistas que nos han interiorizado y se han transmitido generacionalmente —”los machos no lloran”, “las mujeres deben estar en casa”, “el sexo fuerte y el sexo débil”, el mito del proveedor— son, desde los albores mismos de nuestra infancia, la semilla de la objetivación de la mujer. De tal palo, tal astilla, dice el refrán, y aquí se cumple al pie de la letra: las pautas de crianza se refuerzan con lo que vemos en los medios, no solo en esas narconovelas que tanto daño le han hecho a la identidad colombiana, sino también en las redes sociales, dominadas por un algoritmo feroz que refuerza nuestras creencias aunque sepamos, en el fondo, que son perjudiciales y hasta perversas. Es ese reforzamiento constante de la cultura machista el que impide que las garantías de protección para las mujeres sean reales y no solamente de papel.
Es desconcertante, y empieza a ser casi rutinario, ver cada día cómo los hombres violentan a las mujeres por cualquier motivo —a sabiendas de que no existe motivo alguno que lo justifique— y cómo sobran los caminos para evadir aquello que debería castigar el hecho con todo el peso de la ley. Hace poco, un hombre de nacionalidad venezolana agredió brutalmente a una mujer en la localidad de Usaquén, en Bogotá, y la Fiscalía, apenas, habló de lesiones personales. En Anserma, Caldas, otra mujer fue asesinada. En Cali, Medellín, Soacha, Itagüí, Bucaramanga, Líbano, Tuluá, en fin. Si nos pusiéramos a nombrar una por una a todas las víctimas y los lugares de los feminicidios, no terminaríamos nunca, porque, lamentablemente —y esto es lo más doloroso de aceptar— la violencia contra la mujer ya hace parte del paisaje cotidiano de este país.
Candil de la calle, oscuridad de su casa: así viven muchas mujeres, protegidas en apariencia, condenadas en privado. Réquiem, entonces, por todas las mujeres víctimas. Y toda la admiración, todo el reconocimiento a la valentía, para las que luchan, tenaces, día a día, por su vida y por su dignidad.
Bogotá D.C., 29 de julio de 2026