¿Y si tiembla, se cae la casa de Nariño?
Sarah Díaz
Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, periodista, investigadora y diseñadora freelance enfocada en comunicación internacional y análisis geopolítico.
El lunes 10 de agosto, Colombia registró uno de sus temblores más fuertes de esta década, con una magnitud de 7,4 en la escala de Richter, sintiéndose en todo el territorio nacional, e incluso en Panamá y Ecuador. Poco a poco se van revelando las afectaciones en las edificaciones y construcciones de todos los municipios desde Cali hasta Manizales, que han presentado varios casos de daños infraestructurales. El evento sísmico sigue a otros similares a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico. Países tales como Venezuela, Japón y ahora Colombia, han reportado actividad sísmica en el último mes. Esta tragedia que atraviesa muchos países del cinturón ha dejado heridos y fallecidos. En este tipo de situaciones, la reacción del Estado es clave, desde la prevención hasta la recuperación infraestructural y económica después de lo ocurrido. De lo contrario, las catástrofes nacionales pasan de ser físicas y se vuelven políticas. ¿Qué pasa si el temblor es institucional?
Así como una falla geológica de tensión para liberarla de golpe, las instituciones débiles acumulan fisuras (corrupción, polarización, desconfianza, cambios repentinos…) que pueden sacudir de forma abrupta el Estado. Los desastres naturales son una de las formas en las que un Estado puede dejar ver sus fallas de fondo, al no dar abasto con lo que se necesita.
Haití: el caso más grave del hemisferio occidental
En Latinoamérica, esta situación se ha presentado de múltiples formas, siendo Haití uno de los ejemplos más conocidos. Tras el terremoto de 2010, se estimó que “tres millones de personas se vieron afectadas por el terremoto, casi un tercio de la población total del país. Además de un saldo de 316,000 muertos, más de un millón quedaron sin hogar.” (Brittanica, 2026) el gobierno tuvo un duro momento intentado reconstruir el país, pues dado que los edificios del gobierno se vieron afectados, la operación diaria del mismo se detuvo efectivamente por un tiempo. La poca maniobrabilidad del gobierno, junto con las crisis de salud pública, una epidemia, la economía y los escándalos de corrupción, llevó a que Haití se convirtiera en lo que hoy los expertos denominan “un Estado fallido”.
Haití, 16 años después de esta catástrofe, aún sufre las consecuencias. Antes de la catástrofe, ya era considerado el país más pobre del hemisferio occidental. La poca capacidad operativa del gobierno, debido a las afectaciones infraestructurales, y la pérdida humana de miles de funcionarios públicos, solo sacaron a la luz esa precariedad ya existente. Adicionalmente, no había quien coordinara la ayuda internacional. Ante este vacío, las ONG asumieron funciones que normalmente le correspondían al Estado, esto generó lo que los analistas llaman una “República de ONG”: miles de organizaciones operando sin coordinarse ni rendir cuentas a ninguna autoridad central haitiana. Esto generó que —según la Oficina del Enviado Especial de la ONU para Haití—, del total de $6.43 mil millones desembolsados entre 2010 y 2012, solo el 9.1% ($582.3 millones) se canalizó al Gobierno de Haití a través de sus propios sistemas de gestión financiera pública; la mayoría se canalizó a través de contratistas internacionales y ONG. Esto perpetuó la dependencia externa en lugar de fortalecer la capacidad fiscal y administrativa del Estado. Hoy en día, Haití aún posee estos y más problemas que se perpetuaron a raíz de estas catástrofes, en un sistema donde el terremoto no fue el que quebró Haití sino aquel que reveló que estaba operando sobre fallas estructurales gravísimas que debían atenderse.
Venezuela: cuando la falla geológica encuentra una falla ya abierta
Aunque no pertenece técnicamente al Cinturón de Fuego del Pacífico —su sismicidad responde a la fricción entre las placas del Caribe y Suramericana, no a la subducción de Nazca—, Venezuela vivió su propio “temblor institucional”. El 24 de junio de 2026, el país que apenas empezaba a salir de años de crisis bajo el régimen chavista fue golpeado por un doblete sísmico de magnitud 7,2 y 7,5, con apenas 39 segundos de diferencia entre uno y otro, y más de 600 réplicas registradas en los días siguientes. Caracas y, sobre todo, el estado La Guaira —declarado zona de desastre— quedaron con cientos de edificios colapsados. Le correspondió reaccionar al gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien apenas meses antes había asumido el cargo tras la caída de Nicolás Maduro.
Las cifras han ido creciendo semana a semana: a una semana del sismo el gobierno reportaba 2.295 fallecidos; para el 11 de agosto —siete semanas después— la cifra oficial subió a 6.301 muertos y 73.356 heridos, con Naciones Unidas estimando que podría haber hasta 50.000 desaparecidos. La ONU calcula el costo de la reconstrucción en unos 37.000 millones de dólares —24.000 millones solo en edificaciones—, cerca de un tercio del PIB venezolano actual.
La Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres (DNPCAD) no dio abasto desde el primer momento: según registros posteriores, las labores de búsqueda y rescate fueron asumidas inicialmente por civiles voluntarios y familiares, no por el aparato estatal, mientras más de 14.000 militares llegaban recién días después a tareas más de control que de rescate. Y mientras eso ocurría, Diosdado Cabello —ministro del Interior— se convirtió en la cara visible del obstáculo: restringió el acceso a La Guaira a partir de las 8 p.m., y un video viral lo mostró interponiéndose en el trabajo de un equipo de rescate estadounidense mientras alguien seguía con vida bajo los escombros, generando indignación tanto dentro como fuera de Venezuela. Es así como las labores de rescate se empezaron a llevar a cabo por los grupos de brigadistas de todo el mundo: Estados Unidos, El Salvador, Suiza, Turquía, México y muchos más llegaron a ayudar al pueblo venezolano, entre las donaciones en especie de múltiples países, la ayuda de personal y diplomática, se salvaron miles de vidas, y aun ahora, un mes después se siguen viendo como salen personas vivas de entre los escombros.
Sin embargo, la ayuda económica es otra de las variantes a evaluar, Estados Unidos mantiene un mecanismo (el Fondo de Desarrollo Global) que incauta los ingresos petroleros y auríferos de Venezuela desde la caída de Maduro en enero de 2026, lo que hace más difícil recibir donaciones de dinero directamente de otros Estados; en julio emitió una licencia especial para permitir que fondos de ayuda por terremoto llegaran al gobierno interino sin pasar por ese fondo, pero organizaciones como el CEPR advirtieron que ese mecanismo sigue siendo insuficiente y lento. A eso se suma la falta de transparencia del propio gobierno venezolano: la auditora KPMG debía presentar informes trimestrales sobre el uso de los recursos petroleros y, meses después, no había entregado ninguno. El economista Grisanti fue tajante: si la reconstrucción queda en manos del Estado en las condiciones actuales, tomaría entre 13 y 29 años; con una autoridad independiente, podría hacerse en seis. Pero teniendo en cuenta los problemas tanto del régimen como de las sanciones, ¿cuánto tiempo realmente va a tomar volver a poner a Venezuela en pie?
Esta pregunta es más difícil de responder al realizar un análisis histórico donde la falta de actualización de infraestructura, víctima del régimen chavista por años, fue clave en el resultado actual. El Ministerio de Ciencia y Tecnología venezolano había reconocido en un documento técnico de octubre de 2025, que un porcentaje alto de las edificaciones del país NO cumplía con la norma sismorresistente vigente (Covenin 1756). Expertos consultados por CNN señalaron que la corrupción, el mantenimiento insuficiente y la construcción al margen de la regulación —consecuencias directas de años de crisis económica e institucional— agravaron el colapso. Es decir, el sismo no creó la vulnerabilidad, la heredó. Un mes y medio después, decenas de miles siguen en alojamientos temporales, sin hoja de ruta clara de reconstrucción, y con la misma pregunta que ronda en la cabeza de todos: ¿a quién se le entregan los recursos cuando el Estado que debería administrarlos es, en sí mismo, parte del problema?
México: cuando la sociedad reemplaza al Estado
México ofrece el contrapunto más claro a Haití y Venezuela, no porque su Estado haya respondido bien, sino porque su sociedad civil aprendió a no esperarlo. El 19 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud 7,1 sacudió el centro del país, exactamente 32 años después del devastador terremoto de 1985, que dejó miles de muertos y todavía se recuerda como el momento fundacional de la organización ciudadana mexicana ante desastres. En 2017, mientras la respuesta gubernamental era, según registros académicos, insuficiente y lenta, fueron los propios ciudadanos quienes tomaron las calles: cadenas humanas para remover escombros, brigadas de rescate voluntarias —muchas lideradas por jóvenes—, y plataformas digitales creadas de la nada, como Verificado19s (que mapeaba centros de acopio y combatía la desinformación en tiempo real) o Mi Casa Es Tu Casa México (que conectaba a damnificados con quienes ofrecían refugio). El saldo fue de 471 muertos y más de 48 mil millones de pesos en daños, pero el hallazgo político fue otro: cuando el aparato estatal llegó tarde, la ciudadanía ya se había autoorganizado con una velocidad y eficacia que ninguna entidad pudo igualar.
Pero hay una diferencia importante entre “resiliencia ciudadana” y “prevención institucional”, y ahí es donde el contraste con otros países se vuelve revelador. Japón es el caso más citado: desde 2007 opera un sistema nacional de alerta sísmica temprana (J-Alert / Earthquake Early Warning) que envía avisos a celulares, televisión y radio en segundos, apoyado en más de mil estaciones sismográficas y que, gracias a simulacros escolares y comunitarios regulares, logra mayor alcance en caso de crisis. Por otro lado, Taiwán construyó algo similar tras el terremoto de Chi-Chi en 1999: su sistema procesa datos en menos de 35 segundos usando más de 700 estaciones, incluidas submarinas. Chile, que tiene temblores casi todos los días y es un caso extraordinario en Latinoamérica de preparación para desastres, tras el terremoto de 2010, fortaleció su red de alerta y hoy cuenta con un marco legal específico (la Ley 21.364, que creó el SINAPRED) que institucionaliza la coordinación entre alerta, evacuación y respuesta. Estos países convirtieron cada tragedia en una reforma permanente del sistema, mientras que en buena parte de Latinoamérica cada terremoto revela las mismas fallas que el anterior, porque las lecciones no se institucionalizan, se olvidan hasta el siguiente temblor.
Colombia: siempre nos tendremos a nosotros
Finalmente, hablemos de Colombia. Tras el terremoto que dejó afectadas Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó en mayor proporción, hace tan solo unos días, vale la pena decir algo que separa este caso de Haití y Venezuela: Bogotá, el centro neurálgico del país, no resultó estructuralmente golpeada. A diferencia de Puerto Príncipe en 2010 —donde colapsó el propio Palacio Nacional y murieron miles de funcionarios públicos— o de Caracas y La Guaira, donde el aparato central del Estado también quedó físicamente dañado, el Estado colombiano conservó su capacidad operativa desde el primer momento: el Ministerio de Defensa, la UNGRD, las Fuerzas Militares y la Defensa Civil pudieron desplegar equipos de búsqueda y rescate sin que la cadena de mando misma estuviera en ruinas. Es, en ese sentido, un país institucionalmente más fuerte que sus vecinos.
Y cuando ocurrió el terremoto más fuerte en décadas, mientras la coordinación institucional se tropezaba con sus propios protocolos —hasta el punto de que gobiernos extranjeros tuvieron que pedir públicamente un canal oficial para enviar ayuda— los colombianos no esperaron instrucciones. Las redes sociales se llenaron de coordinación espontánea de rescate, colectas informales, información verificada compartida entre desconocidos. Si el Estado tembló en su capacidad de reacción, la sociedad civil llenó ese vacío con una velocidad que ninguna entidad pudo replicar.
Ese vacío tuvo cara y forma concretas. En cuestión de horas, ciudades enteras se llenaron de centros de acopio: la Cruz Roja habilitó puntos en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Santander y Cundinamarca; la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca coordinaron jornadas de recolección que se extenderán por semanas; el Banco de Alimentos de Bogotá y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia activaron corredores humanitarios completos hacia el Chocó, con cuentas oficiales abiertas para donaciones en dinero. Hasta el mundo del entretenimiento mundial se sumó: de futbolistas a cantantes y actores de todos los rincones del mundo han dado su apoyo económico y moral a esta causa.
Es, sin duda, la prueba de fuego más temprana del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, apenas semanas después de asumir. Pero más allá de si el Estado estuvo a la altura, los verdaderos protagonistas de estos días han sido las personas: colombianos de todo el país uniéndose en redes sociales, en centros de acopio, dando dinero, manos y materiales para ayudarse entre ellos mismos. Muchos de nosotros, colombianos, hemos abierto redes sociales y vemos todo: la fuerza de los supervivientes, el dolor de las familias, el temor de ver lugares que visitamos en los festivos completamente destruidos, la ayuda entre nosotros y la berraquera de los que se pusieron la 10 para sacar adelante a las regiones más necesitadas. Es conmovedor, y deja una certeza incómoda pero esperanzadora: mientras el nuevo presidente todavía no termina de mostrar qué hará, al menos nosotros ya sabemos cómo ayudarnos.
Colombia, Venezuela, Haití, México: cuatro países, cuatro fallas geológicas distintas, pero una misma pregunta de fondo. La tierra tiembla sin pedir permiso ni avisar con anticipación; las instituciones, en cambio, sí deciden con años de antelación si van a estar preparadas o no. La burocracia, las peleas partidistas y divisiones políticas han dejado a las instituciones más débiles que una casa de paja, cuando lo que más se necesita es que estén solidas y listas para cualquier problema. La pandemia, los temblores, las catástrofes naturales, el fenómeno de El Niño y La Niña, San Andrés y mucho más nos han dejado enseñanzas muy valiosas que el Estado se ha negado a aprender. Mientras Japón y Taiwán demostraron que esa decisión se puede tomar, la región entera sigue esperando tomarla. Y mientras tanto, en cada catástrofe la misma escena se repite: el Estado tropieza, y son las manos de la gente común las que sostienen lo que queda en pie. La pregunta ya no es si Latinoamérica está lista para catástrofes naturales o institucionales. Eso sí, para cuando eso ocurra, seguiremos siendo nosotros mismos quienes tengamos que sostenernos.
Con todo mi amor y apoyo para las víctimas de los temblores alrededor del mundo, mucha fuerza.
Bogotá – Colombia, 13 de agosto de 2026