Juan Castro ArdilaEstudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos9 de noviembre de 2026 · 5 min de lectura

Colombia envejece y casi nadie se había dado cuenta, o más bien, todos sabíamos que esto iba a pasar, pero preferimos discutirlo cuando ya no quedó de otra. Ese es el problema de fondo que revela la transición demográfica acelerada que vive el país, y no es una sorpresa, es una tendencia que llevábamos años viendo venir y que solo se volvió noticia cuando chocó de frente con la reforma pensional.

Las cifras son contundentes. El DANE calcula que en 2026 la edad promedio de los colombianos supera por primera vez los 30 años. En 2025 apenas nacieron 433.678 niños, la caída interanual más fuerte de la última década, mientras la esperanza de vida ya ronda los 77 años y medio, casi ocho años más que hace dos décadas. La fecundidad tocó en 2023 un mínimo histórico de 1,65 hijos por mujer y se espera que para 2027 baje todavía más, por debajo de 1,60. Todo esto pasa justo cuando arranca la reforma pensional, la Ley 2381 de 2024, en un mercado laboral donde más de seis de cada diez personas trabajan de manera informal, y ni siquiera la educación se salva, pues los colegios ya sienten la caída en la matrícula.

Detrás de esas cifras hay un montón de actores mirando el mismo fenómeno desde orillas completamente distintas. El Ministerio de Hacienda y Colpensiones calculan cuánto le va a costar al Estado sostener el sistema. El DANE y el Banco de la República lo traducen en proyecciones frías. Los fondos privados, agrupados en Asofondos y Fasecolda, se preocupan sobre todo por perder cotizantes de ingresos altos. Centros como Fedesarrollo y organismos como UNFPA aportan la mirada de largo plazo. En medio de todo, sin que nadie les pregunte nada, están los hogares urbanos que simplemente deciden tener menos hijos o posponer la maternidad. Esa es quizás la parte más incómoda del asunto. La decisión que más está moviendo este proceso ni siquiera se toma en una oficina pública, sino en la vida cotidiana de miles de personas que jamás se sentarán en una mesa de negociación con el Gobierno.

El fenómeno tampoco se explica solo con macroeconomía. El envejecimiento acelerado lo empujan transformaciones que llevan años ocurriendo casi en silencio, como la urbanización creciente y el cambio en los roles de género, dos procesos que modifican por completo la manera en que las familias colombianas deciden cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. 2026 no es un año cualquiera para hablar de esto, porque hay cambio de gobierno, y con él la demografía deja de ser un tema de estadísticos para convertirse en una decisión con nombre propio sobre gasto público y modelo de cuidado.

El debate se queda casi todo el tiempo en el terreno técnico, con informes de Fedesarrollo y de consultoras como Econometría Consultores, discusiones legislativas sobre la reforma, presión de los gremios financieros, alguna nota en medios especializados. No hay marchas por la transición demográfica ni trending topics sobre la caída de la fecundidad, aunque ya se empieza a sentir cierto malestar en el sector educativo y una especie de resignación silenciosa entre los jóvenes urbanos que aplazan la idea de tener hijos. Si se mira quién tiene más poder en esta pelea, la respuesta es bastante previsible. El Gobierno defiende su pilar solidario y la sostenibilidad fiscal, los fondos privados resisten perder cotizantes de altos ingresos, y los jóvenes, que son quienes sostienen el sistema con su trabajo, terminan sin mucha capacidad de incidir, atrapados entre la informalidad, la falta de oportunidades laborales y otras razones personales que tampoco hay que subestimar.

Si uno quisiera ponerle nombre a esta dinámica con las categorías de Allison, el Gobierno actúa un poco como actor racional, calculando costos y beneficios fiscales. Colpensiones y el DANE producen información siguiendo sus propias rutinas organizacionales, casi en piloto automático. La reforma que finalmente se aprueba termina siendo el resultado de una negociación entre actores con recursos muy desiguales, más cerca de la política gubernamental que de cualquier cálculo perfectamente racional. Lo que de verdad deja pensando es otra cosa. El envejecimiento poblacional no es nuevo, se veía venir desde hace años, ligado a la urbanización y al cambio en los roles de género. Lo único que cambió fue la coyuntura, porque la reforma pensional obligó a poner sobre la mesa algo que el país llevaba tiempo evitando.

Quizás esa sea la lección más dura. Buena parte de lo que hoy llamamos crisis pensional es una no decisión acumulada durante años, un problema que todo el mundo veía venir y que nadie quiso resolver a tiempo.

El reloj demográfico no se detiene mientras el país discute quién asume el costo. Cada año que pasa sin resolver la informalidad laboral, sin ofrecerle a los jóvenes condiciones distintas para pensar en tener hijos, es un año que estrecha aún más el margen de maniobra fiscal del que tanto habla el Gobierno. Puede que la reforma pensional termine siendo, más que una solución, apenas el primer capítulo de un ajuste que Colombia va a tener que seguir haciendo durante las próximas décadas.

¿Qué pasa con quienes hoy tienen veinte o veinticinco años y ven cómo la informalidad laboral les cierra la puerta tanto a un empleo estable como a una pensión digna en el futuro? Para ellos, la transición demográfica no es una cifra abstracta del DANE, sino la razón concreta por la que aplazan proyectos de vida enteros, entre ellos la posibilidad de formar una familia. Mientras el Gobierno, los fondos privados y los gremios discuten fórmulas actuariales, esa generación sigue tomando, una decisión personal a la vez, la decisión colectiva más determinante de todo este proceso.