Escrache para romper el pacto patriarcal

Karol Barón

Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Columnista e investigadora interesada en el análisis de los asuntos públicos, la formulación de políticas públicas y las dinámicas que moldean la relación entre Estado, ciudadanía y desarrollo

Las últimas semanas, en Bogotá, un “influencer” fue expuesto. Una mujer acusó a su pareja de agredirla en una discoteca de la ciudad, y tras conocerse el caso otras mujeres compartieron testimonios de abuso sexual, económico y psicológico de su parte. Él respondió negando todo y pidiendo que se investigue. Se puede pensar que las versiones de las denunciantes no son más que un “chisme”, pero debe decirse que fueron ellas, y no una institución, quienes pusieron el tema sobre la mesa.

Ahí está el punto. Cada vez que una mujer habla en redes, surge la misma pregunta: "¿por qué no denunció en la Fiscalía?", como si el sistema estuviera esperando con los brazos abiertos. Según la Universidad de los Andes, en 2022 menos del 15 % de los casos de violencia violencias sexuales o feminicidios estaban en etapa de juicio o de ejecución de penas. Cuando la justicia llega tarde, mal o simplemente no llega, el escrache no es capricho, es la última herramienta. Y en Colombia no es una práctica aleatoria. La Corte Constitucional la ha respaldado; en la Sentencia T-275 de 2021, destacó que el escrache es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, con protección constitucional reforzada. Pocos días después, la T-289 de 2021 fue más lejos: la denuncia de víctimas de violencia sexual y el escrache en redes son un discurso de denuncia social especialmente protegido debido al interés público que representan. La línea se reiteró en la T-241 de 2023. Y no son decisiones aisladas: la propia Corte reconoce la dimensión social y reparadora de esta práctica, que además, cuida a otras mujeres de no vivir la misma situación.

Y cabe dejar claro que esa protección no es un cheque en blanco, la Corte pide responsabilidad, porque existe el riesgo de hostigamiento y acoso. Un escrache se sostiene en relatos propios y veraces, esa exigencia protege a las víctimas, porque cada falsa acusación se usa para desacreditar a las verdaderas. Pero la existencia de límites no vuelve sospechosa a la denunciante. La carga de la duda ha recaído históricamente sobre las mujeres, y es hora de que esto deje de ser así.

Lo verdaderamente peligroso no son las mujeres que hablan, sino los entornos que callan. El abusador no opera solo: lo sostienen el amigo que "no sabía que él era así", el círculo que se rió del chiste, la audiencia que prefiere seguir consumiendo. Encubrir tiene muchas caras, y casi todas se disfrazan de “prudencia”. Ese silencio es el que les da a los agresores años de ventaja y a las víctimas años de revictimización.Por eso no podemos permitir que sigamos encubriendo abusadores. Ni a los influencers con miles de seguidores, ni a los jefes, ni a los profesores, ni a los "buenos muchachos" de cada familia. Creer a las mujeres no reemplaza al proceso penal; le exige y lo complementa. Que la Fiscalía investigue, que haya debido proceso, que se respete la presunción de inocencia en el estrado. Pero que nadie nos pida que, mientras tanto, callemos.

El escrache incomoda porque funciona: rompe la impunidad social cuando la jurídica tarda años. Y mientras la violencia contra las mujeres siga siendo una epidemia, tendremos que seguir hablando, escuchando y creyendo. Las que se atreven a contar lo ocurrido no son el problema. El problema es todo lo que las obligó a hacerlo en voz alta.

Bogotá D.C., 22 de octubre de 2026​