Hay semanas en que un país parece incapaz de mirar más de una cosa a la vez, y esta es una de ellas. El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó el 13 de octubre la ley de sometimiento y el 29 la llamada ley de rescate fiscal, dos proyectos que, cada uno por su lado, merecerían semanas de debate público. Sin embargo, la conversación nacional está en otra parte, en las denuncias de Deicy Jiménez y de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, sobre el supuesto pago de favores sexuales con contratos del Estado durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. Lo uno es escandaloso. Lo otro es el bolsillo de todos. Y mientras el gato no está, los ratones hacen fiesta.

Comencemos por lo que casi no se está discutiendo. La ley de rescate propone, entre otras cosas, bajar el umbral en el que las personas naturales empiezan a pagar impuesto de renta de 1.090 a 720 UVT, lo que según cálculos citados por Vanguardia traería al tributo a quienes ganan entre 5 y 5,5 millones de pesos al mes, cuando hoy el piso ronda los 9 millones. Elimina la tarifa reducida del 5 % de IVA desde 2028 y manda a la tarifa general del 19 % el café, el azúcar, los aceites, las pastas y el chocolate. Quita la exclusión de IVA a las frutas y verduras frescas, al café en grano, a la sal y a los fertilizantes, y lleva la medicina prepagada al 19 %. Y pide facultades extraordinarias, por seis meses, para que el presidente suprima, fusione o escinda ministerios. La justificación es fiscal, el vicepresidente José Manuel Restrepo habló de una "bomba de tiempo" heredada, y el recorte de gasto previsto ronda los 45 billones de pesos, el 2,2 % del PIB. Puede haber razones de fondo para corregir las cuentas públicas, y no seremos nosotros quienes pretendamos que no existe un problema fiscal. Pero que se discuta en serio de qué manera se corrige y quién paga la cuenta es lo mínimo que se le debe pedir a una democracia.

Del otro lado está el escándalo, y conviene decirlo con toda claridad. Lo que se ha revelado es grave, es éticamente reprochable si resulta cierto, y merece una investigación seria y una respuesta de la justicia. El expresidente Petro niega todo, dice que jamás entregó un contrato a cambio de relaciones sexuales, y como en cualquier caso rige la presunción de inocencia. Ahora bien, que algo sea escandaloso no quiere decir que sea delito. Para que haya un delito vinculado con el abuso de poder, o con el pago de actos sexuales con dinero del erario, hay que probar el nexo entre el contrato y el favor, y eso es complejo, casi diabólico de demostrar. Además, la ruta es incierta. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema admitió para estudio una denuncia contra Petro y la excongresista María José Pizarro por hechos de la época en que él era congresista, mientras que lo ocurrido durante la Presidencia tiene que pasar por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, una instancia con fama bien ganada de tumba de expedientes. Y la Fiscalía, por su parte, investiga los contratos del Dapre. Es decir, hay varias puertas abiertas y ninguna certeza.

En consecuencia, la opinión pública se ha partido en dos lecturas. La primera, que viene del petrismo, sostiene que todo es una cortina de humo montada para que nadie cuestione las reformas, y llega a insinuar que las denunciantes están aliadas con las fuerzas oscuras del actual gobierno, algo que el propio Petro insinuó al decir que hay "dinero de por medio". Sin pruebas, eso es una conjetura, y como toda conjetura debe tratarse con cautela. Aun así, algo de razón tiene, y es que los focos de los medios están sobre el expresidente y no sobre lo que está haciendo el Gobierno. La segunda lectura es la contraria. Al Gobierno le sirve que se hable de "sexocontratos", porque el escándalo le da gasolina y cierta legitimidad moral para su programa. Hay que subir impuestos, dirá, porque el gobierno anterior derrochó, y para la muestra, ahí están los contratos. Puede que también sea así. A río revuelto, ganancia de pescadores.

Lo cierto es que ninguna de las dos lecturas necesita una mano negra para funcionar, basta con cómo funciona la atención. Maxwell McCombs y Donald Shaw lo explicaron hace décadas con la teoría de la agenda, según la cual los medios no nos dicen qué pensar pero sí sobre qué pensar. Pierre Bourdieu advirtió en su libro sobre la televisión que ella puede ocultar mostrando, es decir, que lo que se enseña con insistencia termina tapando lo que se deja de enseñar. Y Neil Postman, en "Divertirse hasta morir", sospechaba que no nos hundiríamos por la censura sino por el entretenimiento. El amarillismo vende más que cualquier charla técnica, y explicar qué significa pasar de 1.090 a 720 UVT es bastante menos taquillero que un video. Así el ciudadano de a pie se informa de manera superflua, y se nos va el tiempo opinando sobre las andanzas de Petro, que estuvieron mal y deben ser cuestionadas y juzgadas, mientras nos distraemos de lo que de verdad nos afecta.

Miremos lo que pasó esta semana en Estados Unidos. Según las proyecciones de las cadenas con datos de la AP, los demócratas se quedaron con el Senado, donde pasarían de 47 a 54 escaños, y con la Cámara, aunque el conteo sigue abierto. Las encuestas a boca de urna citadas por CBS indican que la mayoría de los votantes puso el costo de la vida en el centro de su decisión, que los aranceles perjudicaron la economía y que la política migratoria fue demasiado lejos. El propio Trump reconoció que a la gente no le gustó pagar más por la gasolina. Con perdón de la guerra con Irán, que tampoco ayudó, la lección es sencilla. Los gobiernos caen por la nevera, por el tanque de gasolina y por la factura, mucho antes que por la moral, porque la gente se acuerda de todo, pero sobre todo se acuerda del precio de las cosas.

Y entonces, ¿qué significa esto en una tienda de barrio? Que las frutas y las verduras, que hoy no pagan IVA, podrían pasar a la tarifa general del 19 %, porque en ausencia de una norma especial es la que opera, y que si el costo se traslada completo al consumidor, un producto que valía cien pesos pasaría a valer ciento diecinueve, o dicho de otra manera, cada peso compraría cerca de 16 % menos de esa comida. El campesino, que apenas conoce la factura electrónica, tendría que entrar a un engranaje de trámites que hoy no lo toca. El productor le cobraría el IVA al tendero, y es previsible que el tendero lo traslade al comprador, a veces sin legalizarlo, y que parte del impuesto se pierda en el camino. No es una catástrofe inevitable, el proyecto apenas inició su trámite y puede cambiar, pero es justamente en esta etapa cuando la ciudadanía puede incidir, y no cuando la ley ya esté aprobada. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.

Por eso, desde el CCESP queremos ser claros. No pedimos que se olvide a Petro, ni que se le absuelva de antemano ni que se le condene por titulares. Pedimos que la justicia haga su trabajo, que la Comisión de Acusaciones deje de ser un archivo y que los hechos se prueben o se descarten con rigor. Pero pedimos, con la misma firmeza, que no se nos vaya la vida en la anécdota mientras se decide en el Congreso cuánto nos cuesta la comida, qué pasa con la medicina prepagada, quién empieza a declarar renta y con qué rebajas de pena, de hasta 50 % para los integrantes rasos, se someterán los grupos armados. Un país adulto es capaz de indignarse por dos cosas a la vez, y es perentorio que lo demuestre, porque la ética pública no se agota en lo que pasó en los despachos del poder sino también en lo que se aprueba en el Capitolio, y esa conversación, la del precio de la cebolla, es la que nos cobra la cuenta cada mes.

Bogotá D.C., 6 de noviembre de 2026