Paula Gabriela Rey GonzalezEstudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos9 de noviembre de 2026 · 6 min de lectura

El Metro de Bogotá suele ocupar los titulares por sus avances, sus retrasos y los debates políticos que han acompañado su construcción durante años. Sin embargo, recientemente volvió a ser tema de conversación por una denuncia relacionada con un posible caso de corrupción. A mí, más allá de las cifras, me preocupa lo que puede ocurrir cuando una obra pública tan importante empieza a estar rodeada de dudas sobre el manejo de sus recursos. Considero que este asunto no debe verse únicamente como un problema económico o judicial, porque también puede afectar la confianza de la ciudadanía y la manera en que se transforma la ciudad.

De acuerdo con la información publicada por El Espectador, la Empresa Metro de Bogotá presentó ante la Fiscalía una denuncia por presuntos hechos de corrupción relacionados con la construcción de la Primera Línea. Según esa información, el caso estaría relacionado con la entrega de 60 millones de pesos en efectivo y con la autorización de un pago por 960 millones de pesos. No obstante, es importante aclarar que una denuncia no significa que exista un delito comprobado. Por tanto, corresponde a la Fiscalía investigar lo sucedido y establecer si hubo alguna conducta irregular.

Lo que más me genera inquietud es que existen versiones diferentes sobre el origen y el propósito de los 60 millones de pesos. Según lo reportado por El Espectador, un contratista habría señalado que el dinero fue exigido para liberar un pago. Por su parte, el equipo de Metro Línea 1 sostuvo que se trató de una retención provisional del pago, acordada entre las partes, debido a problemas relacionados con algunos trabajos. En consecuencia, considero que antes de señalar responsables es necesario conocer con claridad quién tomó las decisiones, bajo qué condiciones se realizaron y cuál fue el destino de esos recursos.

A partir de este contexto, mi postura es que la posible corrupción en una obra pública no representa solamente un problema económico o judicial: también es un problema de poder. Desde la perspectiva de la biopolítica, especialmente a partir de las ideas de Michel Foucault, entiendo que el poder también se expresa en la manera como se administran los recursos, los espacios y los servicios que influyen en la vida de la población. En este caso, el Metro es una infraestructura que busca transformar la movilidad y, con ella, la vida cotidiana de millones de personas en Bogotá.

El Metro no consiste únicamente en construir estaciones y poner trenes en funcionamiento. Su propósito es modificar la forma en que nos movilizamos por la ciudad. Una mejor movilidad puede significar menos tiempo en los desplazamientos, más facilidad para llegar al trabajo, a la universidad o a otras actividades, y una conexión más eficiente entre distintos sectores de Bogotá. Por eso, desde mi punto de vista, cuando aparecen dudas sobre el manejo de los recursos de una obra de esta magnitud, sus posibles consecuencias dejan de ser un asunto interno del contrato y adquieren una dimensión social.

En términos de biopolítica, esta relación permite comprender por qué las decisiones administrativas también pueden afectar la vida de las personas. El Estado interviene en aspectos cotidianos que influyen en las condiciones en las que vivimos, y el transporte público es uno de ellos. Una decisión tomada dentro de un contrato puede parecer lejana para cualquier ciudadano; sin embargo, sus efectos pueden sentirse si termina generando retrasos, problemas de calidad o un uso inadecuado de los recursos. De este modo, considero que la discusión sobre la transparencia no debería quedarse únicamente entre abogados, contratistas y funcionarios: también debe involucrar a la ciudadanía.

La cifra de 60 millones de pesos merece atención, aunque pueda parecer pequeña frente al presupuesto de una obra como el Metro. Para mí, el problema no está solamente en la cantidad, sino en las dudas que genera el manejo de dinero en efectivo dentro de un proyecto que utiliza recursos públicos y tiene una importancia estratégica para la capital. En una obra de este impacto, cada pago debe contar con una justificación clara y con soportes que permitan verificarlo. La confianza institucional también se construye mediante controles que puedan ser conocidos y revisados.

Asimismo, el hecho de que la Empresa Metro haya llevado la situación ante la Fiscalía muestra la importancia de que las autoridades competentes examinen lo ocurrido. Sin embargo, no considero adecuado convertir una denuncia en una condena. La explicación entregada por Metro Línea 1 también debe tenerse en cuenta, precisamente porque presenta una versión distinta sobre los 60 millones de pesos. Por tanto, lo que corresponde es que la investigación determine si existió una exigencia indebida, si se trató del acuerdo contractual señalado por la empresa o si ocurrió alguna otra situación.

Esta situación también debe entenderse dentro de la coyuntura política de Bogotá. La construcción del Metro ha sido una de las obras más debatidas de la ciudad y ha estado presente en distintas administraciones y discusiones políticas. Por esa razón, cualquier señal de falta de transparencia puede aumentar la desconfianza de la ciudadanía. Durante años, los habitantes de Bogotá han escuchado promesas, propuestas y debates alrededor de este proyecto. En consecuencia, las instituciones tienen una responsabilidad mayor: explicar qué está ocurriendo y demostrar que los recursos públicos cuentan con vigilancia efectiva.

A mi juicio, el problema de la corrupción no se limita a la posible pérdida de una cantidad de dinero. También puede debilitar la legitimidad de las instituciones encargadas de administrar los proyectos públicos. Cuando las personas sienten que existen decisiones que no pueden comprender ni vigilar, se amplía la distancia entre la ciudadanía y las instituciones. Desde una mirada biopolítica, esto resulta importante porque el Estado no gobierna solamente mediante normas; también lo hace a través de la administración de condiciones que influyen directamente en nuestra vida cotidiana.

Por eso, considero que la respuesta no debería limitarse a esperar el resultado de una investigación penal. También es necesario fortalecer los mecanismos de transparencia y control preventivo. La información sobre el avance técnico y financiero del proyecto debe ser clara, accesible y comprensible para la ciudadanía. No basta con explicar lo ocurrido cuando aparece una denuncia; también se necesitan controles permanentes que permitan detectar posibles irregularidades a tiempo. De esta manera, la transparencia puede convertirse en una práctica constante y no solamente en una reacción ante una situación problemática.

En mi opinión, este caso deja una pregunta que va más allá de los 60 millones de pesos: ¿quién vigila a quienes administran los recursos de una obra que pretende transformar la vida de toda una ciudad? No basta con construir rápido. También importa cómo se construye, quién toma las decisiones y qué controles existen cuando aparecen dudas. Si el Metro busca convertirse en una solución para Bogotá, su desarrollo debe estar acompañado por instituciones capaces de explicar sus actuaciones y demostrar que los recursos se administran correctamente.

En conclusión, considero que la denuncia relacionada con los 60 millones de pesos debe investigarse y aclararse, sin afirmar por ahora que exista un hecho de corrupción comprobado. Las versiones conocidas son diferentes y corresponde a las autoridades establecer qué ocurrió. Sin embargo, este caso permite reflexionar sobre la relación entre corrupción, poder y biopolítica: las decisiones sobre los recursos de una obra pública también pueden repercutir en la movilidad, la confianza y las condiciones de vida de la población.

El verdadero riesgo sería que una obra pensada para mejorar la vida de millones de personas termine perdiendo la confianza de esas mismas personas por falta de transparencia. Para mí, el Metro no es solamente una infraestructura; también es una decisión política sobre cómo se organiza y se mueve Bogotá. Por eso, cuidar los recursos públicos, investigar las denuncias y explicar con claridad las decisiones tomadas también significa cuidar a la ciudadanía.