Paula Daniela PintoEstudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos13 de noviembre de 2026 · 4 min de lectura

Hoy en día la inteligencia artificial (IA) tiene la capacidad de procesar información, automatizar tareas y facilitar la comunicación, lo que representa una oportunidad para la sociedad contemporánea, algo evidente para todos. Sin embargo, su expansión nos plantea una pregunta importante que, creo yo, todos deberíamos hacernos. ¿Estamos realmente ante una herramienta capaz de fortalecer las democracias o ante una tecnología que puede profundizar sus principales debilidades?

El desafío no está específicamente en el desarrollo tecnológico, sino en los intereses y las relaciones de poder que determinan su uso en el ámbito político. Uno de los aspectos más preocupantes es su capacidad para manipular la opinión pública mediante la creación de contenidos falsos, la suplantación de voces y la alteración de imágenes y videos. Esto dificulta distinguir entre la información manipulada y la auténtica. Un ejemplo reciente en Colombia ocurrió en marzo de este año, cuando circuló un audio que supuestamente correspondía al registrador nacional Hernán Penagos, en el cual él reconocería la manipulación de las elecciones. Después se comprobó que la grabación había sido generada con inteligencia artificial para suplantar su voz y promover narrativas de fraude electoral. Esta situación nos permitió darnos cuenta de que desmentir un contenido falso no basta para reparar el daño que ya se produjo.

Este escenario cobra especial relevancia con el fenómeno que los académicos Chesney y Citron denominan el «dividendo del mentiroso», según el cual la existencia de contenidos falsos permite que incluso las pruebas auténticas sean desacreditadas con el argumento de que fueron creadas con inteligencia artificial. En escenarios donde prevalecen la polarización política y la fragilidad institucional, esto genera desconfianza generalizada hacia cualquier fuente de información. A ello se suma la posibilidad de crear opiniones artificiales mediante cuentas automatizadas en redes sociales que simulan respaldos ciudadanos que en realidad no existen e intensifican determinadas posiciones políticas. De esta manera, la opinión pública corre el riesgo de dejar de ser el resultado de decisiones libres e informadas para convertirse en un escenario de manipulación.

Sin embargo, responsabilizar solamente a la inteligencia artificial sería un error, pues los algoritmos de recomendación, los intereses económicos de las plataformas y las estrategias de determinados sectores políticos también contribuyen al problema, particularmente cuando se privilegian los contenidos que generan miedo, irritación y confrontación. Estas circunstancias repercuten en la legitimidad democrática, ya que la circulación de información falsa sobre supuestos fraudes electorales debilita la confianza ciudadana en los resultados y en las instituciones.

Aunque la discusión no debe limitarse a sus amenazas, la inteligencia artificial también ofrece oportunidades para fortalecer la democracia mediante el análisis de grandes cantidades de información, el mejoramiento de los servicios públicos, la identificación de posibles casos de corrupción y la ampliación de mecanismos de participación ciudadana. Del mismo modo, las herramientas de verificación de contenidos utilizadas por organizaciones como Colombiacheck, La Silla Vacía y AFP ayudan a combatir la desinformación, aunque enfrentan un problema importante, y es que la verificación pierde eficacia cuando la ciudadanía desconfía de quien la realiza.

Desde mi punto de vista, uno de los problemas más preocupantes es precisamente la pérdida de confianza en las instituciones democráticas. Al ver que cualquier contenido puede ser manipulado y cualquier información puede ponerse en duda, la ciudadanía no solo corre el riesgo de creer una mentira, sino también de desconfiar de toda la información. Esta situación es delicada en Colombia, donde la polarización política y el desencanto institucional pueden profundizar sus consecuencias. Adicionalmente, es necesario prestar atención a la población joven, cuya participación democrática depende en gran medida de su capacidad para comprender la realidad, reconocer los mecanismos mediante los cuales esta circula y analizarla de manera crítica.

Por esta razón, la respuesta no puede limitarse a desarrollar detectores de contenidos falsos ni a imponer restricciones tecnológicas. Se necesita una estrategia integral en la que participen los Estados, las autoridades electorales, las empresas tecnológicas, la ciudadanía y, muy importante, los medios de comunicación. Esto implica establecer responsabilidades específicas y condiciones de transparencia que fortalezcan la educación mediática digital y promuevan una comunicación institucional responsable. Somos conscientes de que recuperar la confianza es difícil, tanto en las relaciones interpersonales como en este ámbito, y que no se logra únicamente desmintiendo noticias falsas, sino demostrando que las instituciones actúan con transparencia, reconocen sus errores y responden ante la ciudadanía.

En síntesis, la IA no es por sí misma una amenaza ni una garantía para la democracia, pues su impacto depende de las condiciones políticas, sociales e institucionales en las que se implementa. El verdadero desafío no está en detener su avance, sino en garantizar que su utilización respete los derechos, las libertades y los principios democráticos. Una democracia no se fundamenta solamente en elecciones, sino también en ciudadanos informados, instituciones legítimas y espacios de concertación basados en hechos verificables. Por eso, la pregunta no debería ser solamente qué tan avanzada llegará a ser la inteligencia artificial, sino qué tan capacitados estaremos como sociedad para gobernarla. El mayor peligro no es tener una máquina que pueda producir mentiras convincentes, sino que terminemos perdiendo la capacidad de reconocer la verdad y, con ella, la confianza que se necesita para construir una democracia fuerte.